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8 sept 2009

El interior apoya a José Sánchez e instan a solucionar los conflictos.

Los Colegios y Consejos Profesionales de Abogados y Procuradores del interior hicieron pública su solidaridad con la posición que expresa y notoriamente adoptara el presidente del Consejo Profesional de Abogados de Resistencia, José Sánchez, en relación a la crítica situación que afecta al servicio de justicia de la Provincia del Chaco.


Los Colegios y Consejos Profesionales de Abogados y Procuradores manifiestan la preocupación que embarga a los profesionales de la abogacía de toda la Provincia del Chaco, que dependen para su diaria subsistencia de la actividad pública cumplida ante los estrados judiciales y que sufren en consecuencia la privación directa de su “salario” a raíz de la paralización considerable que resta luego de dos días de huelga, cumplidos semanal y sostenidamente.

Dicen que “mayor perjuicio aún experimentan los justiciables, nuestros representados, que ven irresueltos los conflictos que sometieron al control jurisdiccional, afectándose severamente sus garantías constitucionales, pues a la morosidad que caracteriza al tramite en si, se suma ahora la demora como producto de los paros que conlleva a la suspensión de audiencias, resoluciones y, en suma, pronunciamientos acerca de las cuestiones sometidas a debate”.

“No adoptamos entonces una actitud codiciosa o indigna ni nos oponemos impenitentemente a la justa lucha y los reclamos salariales de los trabajadores judiciales de cuya labor activa depende nuestra posibilidad de seguir trabajando, sino que, por el contrario hacemos notar cuáles son las consecuencias que se extienden perniciosamente ante el vacío que recoge sus peticiones”, aseguran.

Sostienen que no pretenden cercenar ningún derecho surgido del plexo constitucional, ni persiguen “egoístamente la imposición de nuestro único interés, pero sí intentamos defender los derechos que nos asisten y que se ven unilateralmente afectados cuando la paralización de la administración de Justicia sólo priva de los ingresos alimentarios a los profesionales que son también trabajadores dignos y esforzados, que tampoco reconocen horarios formales y reducidos de labor, y que a mayor rigor ni siquiera pueden presumir que seguirán percibiendo honorarios empece cualquier parálisis que sufra el funcionamiento del servicio público en el que los mismos se generan”.

Advierten que no se logra justicia cuando los medios para conseguirla resultan detractores de derechos que merecen una equivalente protección y una igual jerarquía como valor y cuando las consecuencias que se producen en su realización son más nocivas que el fin que se pretende alcanzar. Y agregan que tampoco se hace justicia enfrentando a los trabajadores contra los trabajadores y que la sociedad necesita del funcionamiento pleno y abierto de los tribunales donde se realizan y protegen los derechos de todos y donde se mantiene activo el principio nuclear del control sobre el poder.

Todos necesitamos Justicia y ella se imparte en los tribunales abiertos y operativos

“No es sin embargo nuestra intención cargar las responsabilidades sobre los hombros de nuestros pares trabajadores. No se hace justicia tampoco cuando los reclamos que son justos son desoídos o cuando los órganos públicos que tienen la responsabilidad de garantizar las funciones estatales permanecen en la indiferencia o en la inacción, sin exhibir preocupación por la repercusión institucional y social que tienen los reclamos de un sector de trabajadores”, señalan. Y agregan que por todo ello, “exhortamos a las autoridades que componen la tríada de poderes que tienen en común y según sus respectivas competencias la responsabilidad y obligación de garantizar la operatividad y regularidad de las funciones estatales, especialmente al Superior Tribunal de Justicia, para que provean soluciones positivas al grave conflicto suscitado en ese Poder, adoptando las medidas necesarias para que la justicia como valor sea impartida entre los chaqueños por medio del aseguramiento efectivo del funcionamiento de la administración de Justicia”.

Firman los Colegio de Abogados de Sáenz Peña, Edgardo Bachman; de Charata, Oscar Vician; de Villa Ángela, Roberto Gorostizu y de Castelli, Pablo Barnes.