El diputado oficialista presentó un proyecto que consagra una instancia administrativa previa y neutral en la cual los trabajadores pueden cuestionar las cesantías decretadas por las empresas. De esta forma pretende reforzar la estabilidad laboral de los empleados. Qué dicen los especialistas.
Puntos Importantes.
- El diputado oficialista y asesor de la CGT, Héctor Recalde, ingresó un proyecto de ley que pretende limitar los despidos incausados.
- La iniciativa consagra una instancia administrativa previa en la cual los trabajadores podrán cuestionar, ejerciendo su derecho de defensa, el despido decretado.
- Conozca la "letra fina" del proyecto y la opinón de los especialistas.
En un nuevo intento por frenar los despidos y suspensiones, que ya son una cara visible de la crisis financiera internacional, el diputado oficialista y asesor de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recade, ingresó un reciente proyecto que limita la posibilidad de efectuar despidos sin causa y hasta consagra una vía administrativa previa en la cual el empleado podrá efectuar un descargo y cuestionar la cesantía.De esta manera la CGT redobla la apuesta por la sanción de una norma que ponga un freno real a los despidos y suspensiones, algo que viene reclamando insistentemente.
La iniciativa se suma a otra también redactada por el propio Recalde, que pretende establecer la triple indemnización en los casos de despidos injustificados.
El proyecto se da a conocer en momentos en donde las cesantías y suspensiones comienzan a golpear fuerte a algunas provincias. Por ejemplo, Santa Fe acaba de sancionar una Ley de Emergencia Laboral que prohíbe los despidos injustificados por un lapso de 180 días y además establece multas para aquellas firmas que despidan personal sin aplicar el procedimiento preventivo de crisis.
“La iniciativa es una nueva cuña para cercenar la facultad de despedir” indicó Esteban Carcavallo, socio de Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea
En los fundamentos de la iniciativa, Recalde explicó que el proyecto funciona como un límite a la facultad empresarial de establecer despidos sin causa y que además “garantiza al trabajador el derecho de defensa previo a la extinción del vínculo laboral”.
La letra fina del proyecto
La iniciativa establece que “no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.
Además, el proyecto indica que “no deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él”.
"En caso de transformarse en ley, el proyecto hará más complejo el ejercicio de las prerrogativas que la ley da al empresariado para despedir en el marco de un régimen de estabilidad relativa”, dijo Carcavallo.
Para garantizar ese derecho de defensa, el proyecto consagra una instancia administrativa previa ante la cual el trabajador podrá cuestionar la decisión del empleador de dar por terminada la relación laboral.
Así, la iniciativa establece que el trabajador que considere injustificado el despido tendrá derecho a cuestionar el mismo “ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro”.
El abogado explicó que lo novedoso del proyecto pasa por el establecimiento de una instancia de evaluación administrativa o interna que le brinda al trabajador la posibilidad de impugnar o cuestionar ese despido.
Por eso precisó que esa instancia preliminar configurará una “burocratización o carga extra” que las empresas deberán tener en cuenta al momento de cesantear.
“Pretender aplicar un régimen que implique un procedimiento administrativo previo implicaría un obstáculo que, lejos de procurar preservar el vínculo o bien evitar injusticias en su extinción, atentaría en forma directa con la propia posibilidad de su generación o dinámica en su creación”, sostuvo Ignacio Capurro, socio de Funes de Rioja & Asociados.
Capurro indicó que el régimen legal argentino implica ya una pesada carga en términos de costo laboral, tanto en la generación, como en la administración y finalmente en la extinción del empleo.
Y agregó que “continuar incorporándole cargas, sean a modo de costos directos, o bien de nuevos procedimientos u obstáculos, atenta en forma directa con cualquier iniciativa tendiente a dinamizar la creación de puestos de trabajo y a evitar mayores afectaciones en el nivel de empleo por efecto de la crisis”, culminó.
Despidos por causas económicas
El proyecto también consagra un procedimiento específico que las empresas deberán seguir en el caso que decidan despedir trabajadores por motivos económicos, tecnológicos o estructurales.
En forma previa a decretar las cesantías, las empresas deberán proporcionar a los sindicatos “los motivos de las terminaciones previstas, el número y categorías de los trabajadores que puedan ser afectados y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones”.
La idea de este procedimiento es ofrecer a los representantes de los trabajadores la oportunidad para “entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar los despidos y las medidas para atenuar las consecuencias adversas de todas las terminaciones para los trabajadores afectados”.
Además, prevé que la empresa que decida despedir personal por motivos económicos deberá notificar “lo antes posible a la autoridad competente”, comunicándole “los motivos de las terminaciones previstas, el número y las categorías de los trabajadores que puedan verse afectados y el período durante el cual habrían de llevarse a cabo esos despidos”.
Otra señal
Este es el segundo proyecto que presenta Recalde y que tiene por objeto adoptar medidas que desalienten los despidos y suspensiones. (Ver nota: Plan antidespidos: el proyecto de triple indemnización ya genera fuertes críticas”).
Hace tan sólo unas semanas, el legislador del Frente para la Victoria confirmó que estaba trabajando en un proyecto de ley que prevé el pago de una indemnización doble o triple, y que hasta contempla la reincorporación de los trabajadores en casos de despidos sin causa justificada; todo esto a los efectos de limitar los despidos y suspensiones originadas por crisis financiera internacional.
Fuente: © iProfesional.com
